Lamentamos mucho, y así lo hacemos patente, los recientes sucesos ocurridos en Cataluña y que ponen de manifiesto cuan débil es nuestra sociedad y nuestra organización frente a quienes desean hacer el mal y causar daño. A ellos, por el contrario, les resulta muy fácil extender el mal, pues con un coche robado y unos pocos dispositivos bélicos de fabricación casera pueden causar mucho mal a la ciudadanía deseosa de vivir en paz y cuya principal arma no es otra que la civilización y la cordura.
Nos duele lo ocurrido en Cataluña, y lo que ha sufrido cada una de las víctimas, en cualquier grado en que lo resulten ser, y nos duele al margen de la nacionalidad de quienes han causado el mal y quienes lo padecieron.
Después de los sucesos llega el momento de afrontar el duelo. La ciudadanía ha creado , donde ocurrieron los tristes acontecimientos, lugares de testimonio del dolor, y allí se han acumulado ingente cantidad de objetos de diversa índole y consideración: luminarias, muñecos, flores, mensajes escritos; un largo etcétera de exvotos.
A alguien se le ha ocurrido la feliz idea de que esos objetos sean depositarios en el Arxiu Nacional de Catalunya, y he de manifestar que particularmente me parece una decisión muy poco acertada.
Tras unos acontecimientos de esa índole, parece lícito que la sociedad quiera dejar memoria permanente de lo ocurrido, del dolor causado y de la decidida voluntad de la sociedad de continuar adelante en la mejora de una comunidad puramente democrática y de convivencia en un entorno de pluralidad.
Estaría bien que todos esos objetos, en masa ingente, debidamente encapsulados, sean depositados en algún lugar destacado de conservación de la memoria de lo ocurrido, donde se decida.
No podemos dar por bueno que tales objetos, ni en bruto, ni tras la debida «tria» o expurgo y selección, sean depositados en el Arxiu Nacional, ni en ningún otro.
Ese fondo rompe absolutamente el principio lógico de la finalidad de los archivos públicos. Tales documentos no son el fruto de una gestión, si no la consecuencia de una acción nefasta.
Deben retirarse de la vía pública los objetos depositados en memoria de lo ocurrido. Debe haber un lugar memorial de lo acontecido; naturalmente que sí. Pero no corresponde a un Archivo la custodia de tales objetos. Todo lo más, podrán llegar a transferirse a los Archivo los libros de firma en los que la ciudadanía habrá expresado sus sentimientos de condolencia. No la amalgama de objetos depositados en los lugares en que han ocurrido tan luctuosos acontecimientos.
Los responsables políticos no pueden malversar el uso de los archivos para fines que no les son propios, ni aunque así convenga instrumentalizar para otros fines cualquier retazo de la vida pública. Los responsables técnicos han de afrontar estas decisiones con criterios estrictamente técnicos, no sentimentales, sean cuales sean esos sentimientos, sean las que fueren las instrucciones recibidas.
José María Nogales Herrera
Presidente
Federación ANABAD